La crisis económica golpea a Venezuela: la inflación ha alcanzado en
los últimos meses los 60 puntos porcentuales, el desabastecimiento de
productos de primera necesidad está a la orden del día y se ha
registrado una caída en los datos de crecimiento. Aunque la derecha
venezolana se ha apresurado en atribuir toda la responsabilidad a la
gestión del gobierno de Nicolás Maduro, lo cierto es que los problemas
económicos de Venezuela se agudizan, desde hace un tiempo, por medio de
una orquestada guerra económica que persigue la desestabilización de un
gobierno legítimo y democráticamente electo en las urnas. Quieren lograr
por medio del sabotaje lo que no consiguen a través de la política.
Para paliar los graves problemas económicos que atraviesa el país, y
acaso para asimismo reforzarse ante futuras agresiones económicas, el
presidente Nicolás Maduro convocó al sector productivo nacional de
titularidad privada a una mesa de diálogo para invitarles a trabajar,
codo con codo, en la superación de las dificultades económicas que
azotan a Venezuela. La reunión entre más de 700 empresas privadas y el
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se celebró el pasado
24 de abril en tres ciudades de forma simultánea –en Aragua
(Centro-norte), Moragas (Nororiente) y Zulia (Noroccidente)– con el
propósito de conocer, de primera mano, las necesidades productivas de
Venezuela en sus distintas regiones. El objetivo de este encuentro era,
como señaló el propio Maduro, “desatar los nudos que frenan el avance
económico del país” para emprender “una revolución económica productiva”
que potencie, diversifique y dinamice el modelo productivo venezolano
para garantizar el abastecimiento y los precios justos.
La crisis de Venezuela encuentra su causa en dos factores básicos,
muy vinculados entre sí: en una estructura económica monoproductora
ligada a la actividad extractivista y en su excesiva dependencia de las
importaciones. No es un problema nuevo sino histórico que, como señala
Atilio Boron en su ensayo ‘América Latina en la geopolítica del
imperialismo’, deriva del hecho de que las potencias del norte
desindustrializaron los países del sur, re-primarizando sus economías
(en los años setenta con el boom del petróleo), impidiendo con ello su
desarrollo. Liberarse de este lastre económico, que es estructural, no
es una tarea que pueda lograrse en un corto periodo de tiempo. Esta
situación convirtió a los países del sur –y Venezuela no es una
excepción, sino que puede incluso funcionar como paradigma– en países
económicamente dependientes de las importaciones, debido a que la nueva
estructura económica impuesta por las potencias del norte ni siquiera
les permitía producir sus bienes más básicos. En este sentido, tanto
Nicolás Maduro como el vicepresidente Jorge Arreaza acertaron en el
análisis y coincidieron en señalar que el objetivo prioritario de esta
ofensiva económica era “sustituir las importaciones por productos
desarrollados en el país”. Lograr este objetivo resultaría fundamental
para poner fin a la situación de dependencia económica que mantiene
Venezuela con el exterior, teniendo en cuenta que cerca del 90% de lo
que se consume en el suelo nacional es producto de importación.
El éxito de la ofensiva económica propuesta por Maduro permitiría a
Venezuela conquistar su tercera independencia; si con Hugo Chávez
Venezuela alcanzó su “segunda independencia”, una independencia política
que posibilitó que el destino nacional estuviera, por vez primera, en
manos del pueblo venezolano, su autonomía política no podrá ser total
hasta que el país no desarrolle una economía menos dependiente del
exterior. De lo contrario, será un país vulnerable en riesgo de
tambalearse ante futuras guerras económicas y estará siempre sujeto a
los vaivenes y las presiones externas. Para impedir nuevos escenarios de
desabastecimiento y precios no ajustados a la realidad, resulta
imprescindible una independencia económica. La conquista de su tercera
independencia puede lograrse mirando los procesos hermanos que se están
viviendo actualmente en América Latina. Porque si bien Venezuela ha sido
–y es– un referente y ha restituido la esperanza en el continente
latinoamericano, ahora que no está sola puede aprender de otros procesos
revolucionarios, como es por ejemplo el caso de Ecuador, que ha puesto
en marcha una revolución del conocimiento para cambiar la matriz
productiva del país, para poder pilotar una transición desde una
economía extractivista hacia una sociedad del conocimiento, basada en la
educación y el talento humano.
Si hubiera que escoger una palabra para definir cómo ha sido recibida
la noticia de la celebración de esta mesa de diálogo, seguramente la
que mejor se adaptaría al caso sería la palabra desconcierto. Por un
lado, ha desconcertado a una derecha venezolana que esperaba que, tras
la siembra del Comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro encarnara la
imagen de un presidente discreto, sin el carácter y el liderazgo de su
predecesor, que pasaría sin pena ni gloria, sin hacer apenas ruido, por
la Presidencia de la República, viviendo de las rentas políticas de
Chávez hasta que éstas duraran, para ir desinflándose poco a poco y, con
él, esperaban que se fuera asimismo desinflando el proyecto de la
Revolución Bolivariana. Pero no. Con esta nueva ofensiva económica,
Nicolás Maduro ha demostrado que es un presidente con iniciativa y que
no le tiembla el pulso a la hora reconstruir las bases que han de
permitirle a Venezuela seguir desarrollando –y consolidando– el proceso
revolucionario bolivariano que inició Chávez y que ha de conducir al
país hacia el socialismo del siglo XXI.
Pero las medidas de la nueva ofensiva económica de Nicolás Maduro han
desconcertado también –y en parte– a sectores de la izquierda que han
leído esta reunión con las empresas privadas de Venezuela como una
claudicación ante el sector privado, como una forma de doblegarse ante
los mercados, cuando la situación económica parecía irresoluble.
Tampoco. Sería errado analizar esta nueva ofensiva como una
improvisación ante una coyuntura de crisis. Más bien se trata de lo
contrario, ya que en los textos teóricos fundacionales de lo que es –o
debía ser– el socialismo del siglo XXI ya se hablaba de la necesaria
relación entre el Estado y la empresa privada en su fase de transición.
De hecho, como decía el teórico Michael Lebowitz, en el socialismo del
siglo XXI “no se trata simplemente de un cambio en la propiedad de las
cosas; se trata de algo mucho más difícil: cambiar las relaciones de
producción, las relaciones sociales en general”. De lo que se trata, por
lo tanto, es de incorporar, en esta novedosa fase de la transición del
capitalismo al socialismo, al sector privado al proceso, de hacer
converger sus intereses con los intereses del pueblo venezolano, para
generar un mayor impulso productivo nacional, para favorecer el
desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela. Se trata de integrar
la fuerza productiva nacional al proyecto revolucionario, a invitarles a
remar hacia un mismo objetivo. De eso se habla cuando se habla de
modificar las relaciones sociales y de producción en su conjunto.
El presidente de Ecuador Rafael Correa ha afirmado en varias
ocasiones, cuando se le pregunta por esta cuestión, que en el socialismo
del siglo XXI “el mercado tiene que estar al servicio de la sociedad,
no la sociedad al servicio del mercado. Porque el mercado es un gran
siervo, pero un pésimo amo”. La función del Estado tiene que animar a
los actores que participan en la actividad económica nacional a que
subordinen sus intereses al plan económico nacional, al bien común.
Lebowitz señala que para que el sector privado pueda integrarse al
proceso revolucionario tiene que cumplir lo que ha denominado como la
“condicionalidad socialista”, que puede desgajarse en cuatro puntos
clave: a) transparencia: la empresa privada tiene que rendir cuentas
ante la administración pública para evitar que se produzcan casos de
corrupción; b) transferencia de excedentes para la inversión pública y
políticas sociales; c) establecer precios justos y ajustarlos a la
realidad económica cuando ésta lo requiera; d) participación de los
trabajadores en las tomas de decisión de las empresas. Si se incorpora
el sector privado al proceso revolucionario, teniendo en cuentas las
condiciones descritas, la transición hacia el socialismo será ya
irreversible.
Hay que añadir un último elemento para un correcto análisis de la
nueva ofensiva económica propuesta por Nicolás Maduro. En el socialismo
del siglo XXI, a diferencia del socialismo del siglo XX, el Estado ya no
centraliza ni define las necesidades de su población, sino que es ésta
quien las determina. El papel que debe representar el Estado será ahora
el de recoger las verdaderas necesidades de sus ciudadanos, en sus
diversas regiones, para trabajar conjuntamente en su satisfacción y
realización. Por esta razón resulta tan importante la participación de
la sociedad civil, la apertura democrática, la posibilidad de que todos
los sectores y regiones puedan expresar sus posiciones. En este sentido,
no es casualidad que, como se ha dicho, la mesa de diálogo del Estado
con el sector privado se haya celebrado, simultáneamente, en tres
lugares distintos. Este hecho, que puede parecer anecdótico, demuestra
que el Estado buscaba que en la reunión quedaran representadas las
distintas voces y regiones de la nación venezolana. Forma parte de un
plan de descentralización del Estado propia del socialismo del siglo
XXI, en su fase de transición.
Como se observa, aunque haya voces que puedan haber interpretado lo
acontecido en las últimas semanas como gestos improvisados del
presidente Nicolás Maduro ante una coyuntura de crisis de difícil
resolución, todo parece estar bien planificado, todo parece responder a
un programado proceso de transición del capitalismo hacia el socialismo
del siglo XXI. Nicolás Maduro sabe dónde pisa y qué dirección toman sus
pasos. Pisa fuerte y su paso es firme.
David Becerra Mayor // Público, 9 de mayo de 2014: http://blogs.publico.es/por-encima-de-nuestras-posibilidades/2014/05/09/la-nueva-ofensiva-economica-de-maduro-o-el-paso-firme-hacia-el-socialismo-del-siglo-xxi/
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